DECLARACIÓN PATRIMONIAL

A la opinión pública:

Ciudad de México, a 14 de septiembre del 2020.

El 6 de septiembre de 2020, en una reunión del Sistema Nacional Anticorrupción, la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, expresó asombro por los juicios de amparo en contra de los formatos empleados en las declaraciones patrimoniales y de interés “promovidos por personal de organismos públicos autónomos.”

Al respecto, la FENASSCYT quiere expresar lo siguiente:

Antes de constitutirnos como Federación, la Coalición de Sindicatos de los Centros Públicos de Investigación del Ramo 38 de CONACyT expresamos ante diversas autoridades nuestra preocupación con respecto a la obligación de los trabajadores académicos de presentar la declaración patrimonial y de intereses, sin obtener una respuesta clara y puntual a nuestras inquietudes:

1. Carta al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, 5 de mayo 2020 (COAL/002/2020), solicitando su reconsideración del tema. En su respuesta del 24 de mayo 2020, dicho Comité no dio respuesta puntual a nuestras inquietudes y reiteró nuestra obligación de presentar dicha declaración.

2. Carta a la titular de CONACYT, 18 de mayo 2020 (COAL/003/2020), solicitando su intervención.

3. Una carta idéntica fue enviada a CONACYT, firmada por más de 600 investigadores de los Centros Públicos de Investigación, en la misma fecha, solicitando su intervención.

4. Carta a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1 de junio de 2020 (COAL/004/2020), solici-tando su intervención.

5.Carta a la titutlar de la Secretaría de la Función Pública, 17 de junio de 2020, (COAL/006/2020) solicitando su reconsideración del tema y proponiendo un diálogo. En su respuesta del 6 de julio 2020 (UEPP/317/DRPI/OT/137/2020), la SFP tampoco dio respuesta puntual a nuestras inquietudes y reiteró nuestra obli-gación de presentar dicha declaración.

6. Carta a la titular de la Secretaría de la Función Pública, 9 de julio de 2020, (COAL/0067/2020) expresando nuestra inconformidad ante la respuesta insuficiente que recibimos al oficio anterior.

Estamos conscientes de la importancia de impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país, objetivo que compartimos plenamente. Sin embargo, insistimos en que nos parece inadecuado el mecanismo de homologación de los trabajadores de los Centros Públicos de Investigación al resto de los trabajadores al servicio del Estado. Dicho mecanismo carece de fundamento legal, y deriva simplemente de un Acuerdo del Comité Coor-dinador del Sistema Nacional Anticorrupción. En ese sentido no estamos pidiendo una exclusión o dispensa a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sino que se revise dicho acuerdo para tomar en cuenta lo si-guiente:

1. Que los trabajadores de los Centros Públicos de Investigación están sujetos a un régimen de ingreso, promo-ción y permanencia que es distinto del de los demás funcionarios de la administración pública federal. Esto es fundamental para garantizar la libertad de pensamiento y de cátedra que hace posible nuestro trabajo, ya que nuestro desempeño laboral es evaluado por nuestros pares profesionales y no por los Órganos Internos de Con-trol.

Por tanto, sujetarnos a la normatividad de la administración pública centralizada puede llegar a vulnerar gravemente derechos laborales adquiridos y reconocidos en los Estatutos de Personal Académico, Contra-tos Colectivos de Trabajo, Condiciones Generales de Trabajo y Reglamentos Internos de Trabajo.

2. Que la homologación de los trabajadores académicos siguiendo un criterio salarial resulta desproporcionado, ya que no recibimos del erario público más que nuestro sueldo y no manejamos presupuesto, como para tener las mismas responsabilidades que un mando medio de la administración pública.

3. Insistimos en la falta de equidad en el trato con respecto a otros trabajadores de instituciones públicas de educación superior, como la UNAM o la UAM que no están siendo obligados a presentar dichas declaracio-nes. Consideramos que debería de dársenos el mismo trato, puesto que desempeñamos funciones exacta-mente iguales y compartimos con ellos esfuerzos y proyectos comunes para el desarrollo del conocimiento en nuestro país.

Constatamos con preocupación que la Secretaría de la Función Pública no haya entablado un diálogo con nosotros, ni con nuestra cabeza de sector (CONACYT), ni con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para atender estas preocupaciones, que son legítimas y merecen una atención más seria y detallada que la que hemos recibido. Al no contar con respuesta satisfactoria, muchos de nuestros colegas acudieron al Poder Judicial de la Federación, pro-moviendo juicios de amparo, en busca de claridad y de que prevalezcan el derecho y la razón. Estos procesos judi-ciales siguen en curso en busca de la suspensión definitiva. Entre tanto, ante el riesgo de incurrir en sanciones ad-ministrativas, nuestros colegas presentaron sus declaraciones patrimoniales en tiempo y forma.

Nos extraña que la Secretaria de la Función Pública exprese “sorpresa” en este tema, pues nuestros intentos de encontrar respuesta y solución a nuestras inquietudes fueron insistentes y múltiples. Continuamos pensando que un diálogo franco y abierto sería la mejor vía para resolver ambigüedad en que ha quedado nuestra vida académi-ca al ser considerados como el resto de los funcionarios públicos.

A T E N TA M E N T E

Secretarios Generales de la FENASSCYT

Dr. Enrique Villalpando, Sindicato Auténtico de Trabajadores del Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo (SIATCIAD)

MGTI. Luis Francisco Corona Tapia, Sindicato Independiente de Trabajadores del CICY (SITCICY)

Dr. Miguel Olmos Aguilera, Sindicato de Investigadores y Profesores de El Colegio de la Frontera Norte (SIPCOLEF)

Dra. Lorena Ruano Gómez, Sindicato de Personal Académico del Centro de Investigación y Docencia Económi-cas (SIPACIDE)

Dr. José de Jesús Hernández López, Sindicato de Trabajadores de El Colegio de Michoacán (SITRACOLMICH)

Dr. Noé Alcalá Ochoa, Sindicato de trabajadores del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (SITACIO)

Mtra. Alicia Salmerón Casto, Sindicato del Personal Académico del Instituto Mora (SIPAMORA)

M. C. Juan Pablo Rodas, Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto Potosino de Investigación Científi-ca y Tecnológica (SITIPICYT)

L. A. E. Mario García Gómez, Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigación Científica y de Educa-ción Superior de Ensenada, Baja California (SUTCICESE)

Lic. José Antonio Bernal Hernández, Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (SUTCIESAS)

Ing. Manuel Escobar Aguilar, Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (SUTINAOE)

Dr. Luis Alberto Arrioja Díaz Viruell, Asociación del Personal Académico de El Colegio de Michoacán, (APACOLMICH)